Miércoles, 28 de
noviembre de 2012
Construcción Global de Paz II: Hora de hacer diplomacia ambiental en el
Caribe
(*Este artículo fue publicado en el blog “Governance
and Development” del Instituto de Estudios para el
Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex, Reino Unido)
La disputa sobre el límite marino entre Colombia y Nicaragua comienza en
1928, cuando ambos países firmaron el tratado Esguerra-Barcenas para definir las
fronteras de su mar territorial. Este tratado establecía la soberanía de
Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia. En 1980, Nicaragua
unilateralmente anuló el acuerdo, argumentando que había sido firmado bajo
presión de los Estados Unidos.
En 2001, Nicaragua sometió el caso a la CIJ. Ahora la corte ha decidido que el grupo de
islas en disputa pertenece a Colombia, pero trazó una nueva línea de
demarcación a favor de Nicaragua en las aguas adyacentes. El fallo de la CIJ es obligatorio y no tiene
apelación. Y así, Antonio y la comunidad
local de este archipiélago perdieron a su querido mar.
Islas
Colombianas sin mar
Perder un área casi igual al tamaño de Austria (aprox. 85.000 km2)
tiene implicaciones enormes para el archipiélago Colombiano. Las comunidades
locales, cuya subsistencia depende de la pesca en estas aguas, será claramente
la más afectada. Tradicionalmente, la
pesca ha sido su principal medio de supervivencia. Sencillamente, es parte esencial de la forma
de vida en las islas.
Adicionalmente, pescar es una de las pocas actividades económicas
lícitas en las islas. El tráfico de
drogas se ha convertido en un pilar de la economía en esta región, debido a su
localización estratégica en las rutas marítimas de cocaína hacia Estados Unidos
y por la falta de oportunidades económicas para los jóvenes isleños.
El impacto de la
decisión de la CIJ será igualmente desastroso para los ecosistemas prístinos marinos. Nicaragua ya ha manifestado públicamente sus
planes para explorar petróleo en el lecho marino, en un área donde se encuentra
el tercer arrecife coralino del mundo.
La protección y sostenibilidad de este arrecife coralino fue la razón
principal de la UNESCO para designar, en el 2000, la Reserva de Biosfera Seaflower. Desde su inicio, la
implementación de la reserva ha contado con el apoyo no solo de la comunidad
local, sino también, de diversas organizaciones internacionales como el
Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), y Global Enviromental
Facility (GEF).
Diplomacia
ambiental: esencial para proteger los intereses de las comunidades de
pescadores y el medio ambiente
¿Pero qué alternativas tiene realmente Colombia? Sugiero enfocarse en
una estrategia de diplomacia ambiental rápida y efectiva, que apunte
simultáneamente a tres frentes:
1. Colombia
debería llamar internacionalmente la atención al potencial impacto ambiental de
la decisión de la CIJ sobre un ecosistema marino único. Esta campaña global debe involucrar
organizaciones internacionalmente reconocidas que en el pasado han apoyado los
esfuerzos de conservación de Colombia, como por ejemplo The
Prince´s International Sustainability Unit, GEF, the World Wildlife
Fund (WWF), UNESCO, y Sea Shepherd.
2. Colombia debería
acercarse a Nicaragua en buenos términos y proponer la creación de un Parque
Internacional de Paz. Estos Parques son
áreas protegidas transfronterizas dedicadas no solo a la protección y
mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos culturales asociados,
sino también a la promoción de paz y cooperación. Este concepto ha sido adoptado exitosamente
alrededor del mundo desde 1932, cuando el primer Parque de Paz fue declarado
por Canadá y los Estados Unidos: Waterton
Lakes Glacier International Peace Park. En América Latina un
ejemplo exitoso es el Parque de Paz Cordillera del Cóndor. Fue
establecido en 1998 entre Ecuador y Perú sobre la base de un tratado de paz que
terminó un conflicto internacional corto pero sangriento y resolvió una disputa
territorial larga.
3. Ambos
países deberían usar la amplia experiencia en la negociación de Parques de Paz
de organizaciones tales como “South African Peace Park Foundation” y el “Institute for Enviromental Diplomacy and
Security” para transformar la Reserva de Biosfera Seaflower en el primer
Parque de Paz del Caribe. El objetivo sería establecer un régimen de manejo
conjunto para el manejo sostenible y la conservación del área marina en
disputa. La participación de las
comunidades locales es imperativa para devolverles su sentido de pertenencia.
Recordemos que los océanos, los arrecifes de coral y los recursos
marinos no reconocen fronteras políticas.
Este hecho, así como, la necesidad de asegurar el acceso a los recursos
marinos de las comunidades locales deberían ser las prioridades de Colombia y
Nicaragua hacia el futuro.
*Julia Gorricho es estudiante de doctorado en el Instituto de Política Forestal y Ambiental,
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Alemania.
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